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¿Qué es el pacto fiscal entre gobierno federal y las entidades?

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  • El pacto fiscal es la coordinación entre gobierno federal y las entidades para distribuir más equitativamente los impuestos que se recaudan; sin embargo algunos gobernadores buscan terminar con él. 
  • Andrés Manuel López Obrador dijo el jueves que se analizará cambiar el pacto fiscal.
  • Uno de los problemas de hacerlo será abarcar todos los temas pendientes en materia de presupuesto para alcanzar un balance en el presupuesto, según experto.
  • En caso que las entidades solo busquen más recursos, la discusión no tendrá los alcances necesarios.
  • Algunas entidades han sufrido endeudamientos altos en administraciones anteriores y la crisis del Covid-19 ha golpeado su presupuesto.

El pacto fiscal es la coordinación entre gobierno federal y las entidades para distribuir más equitativamente los impuestos que se recaudan, según fórmulas pactadas en los ramos presupuestales y otros programas de desarrollo social. 

En México, el gobierno federal recauda recursos principalmente a través del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), entre otros conceptos como cuotas de comercio exterior; o  bienes específicos como el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN). 

Posteriormente, la Secretaría de Hacienda transfiere recursos a cada estado con el fin de redistribuir más a las entidades con menos ingresos. 

Por ejemplo, la Ciudad de México aporta más de 45% de los impuestos recaudados, pero recibe solo 12% del total de las participaciones federales, y solo 3% del rubro aportaciones. 

En tanto, Tlaxcala, el estado que menos impuestos genera, con 0.1% del total recaudado por el gobierno federal, recibe 1% de las participaciones nacionales, y 1.3% de las aportaciones, según datos obtenidos por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).  

La complejidad de una nueva redistribución

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aceptó el jueves en Jalisco, que analizará discutir una nueva redistribución “con una nueva fórmula”. Sin embargo, especialistas advierten que esta es una discusión demasiado amplia. 

Por un lado existe el ramo 28 del presupuesto federal, que incluye las participaciones de entidades y municipios — que pueden usarse según determine cada entidad —. Por el otro, el ramo 33 que son aportaciones dirigidas específicamente a educación, salud, infraestructura y seguridad pública. 

“No queda muy claro que la discusión vaya a estar a la altura. ¿Qué vamos a hacer con el sistema de salud? Tienes que abrir una discusión enorme y completa”, advirtió en entrevista telefónica, Héctor Villarreal, académico experto en temas presupuestarios y director general del CIEP. “¿Hará esto el presidente? O va a decir, al Insabi, no me lo tocan”, cuestionó. 

La implementación del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) impulsado por AMLO, fue una de los proyectos que más resistencia tuvo entre gobernadores de oposición al intentar reemplazar el Seguro Popular, iniciado durante la administración de Felipe Calderón. 

Otro problema es si el gobierno federal estaría dispuesto a abrir la discusión de la fórmula de participaciones porque muchos estados entrarían a la discusión solo para obtener más recursos, advirtió Villarreal. 

¿Por qué los gobernadores piden un nuevo pacto?

La política de austeridad del gobierno federal, la implementación del Insabi, la crisis de salud y económica del Covid-19, además del golpeteo político, son algunos de los eventos que han detonado que algunos gobernadores pidan más recursos al gobierno federal, y exijan un nuevo pacto fiscal.  

“Puede haber un golpeteo político, pero también (los gobernadores) quieren más recursos. Hay que recordar que el ramo 23 del presupuesto, que se usaba como ayuda financiera a los estados, básicamente se canceló”, recordó Villarreal. 

Algunas entidades actualmente tienen un problema serio de endeudamiento. Por ejemplo, durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, esta entidad registró una deuda récord al final de su administración; el gobierno federal en ese entonces utilizaba el ramo 23 para sanear sus finanzas.  

“Si se trata de pedirle más dinero al presidente, se va a negar porque no hay recursos”, explicó Villarreal. “Lo positivo es que el presidente ya esté abierto a la discusión, pero esperemos que no sea reduccionista.”

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